Territorio en disputa: la pelea por las tierras indígenas

Los derechos de los Pueblos Originarios. Las relaciones carnales del capital extranjero y políticos locales. Un modelo de economía primaria que busca servirse del ecosistema a costa del despojo.

por Emiliano Frascaroli

El norte argentino es territorio caliente. Y territorio en disputa también; al igual que la Patagonia. En ambas regiones se vive una constante tensión entre indígenas y terratenientes locales y extranjeros: los primeros se defienden de la privatización de los segundos. Y el poder económico ahora devenido en político ya marcó la cancha allanando el camino para hacer sus negocios. En este escenario, con salvedades y puntualizaciones que iremos profundizando en líneas sucesorias, los legisladores de todo el país dirimen el futuro de los pueblos originarios. Y, además, marcarán el rumbo de la política económica que ya se aplica pero que podría profundizarse.

Las comunidades indígenas que habitan en Salta están preocupadas porque no encuentran amparo: de los tres senadores nacionales por la provincia, dos votaron en contra de que ingrese a sesión la Ley 26.160 y el tercero estuvo ausente. Se postergó para- supuestamente- tratarla el 27 de septiembre. Sin embargo, no es casual que Cristina Fiore, Rodolfo Urtubey y Juan Carlos Romero tengan recelos para darle prórroga a una normativa que resguarda las tierras de los originarios. La relación política habla y dice que en el frente oficialista Unidad y Renovación confluyen renovadores, romeristas y urtubeycistas, quienes gobernaron y gobiernan la provincia desde 1983 e inclusive en período militar. Y la relación económica confirma: los apellidos Romero y Urtubey también poseen numerosas hectáreas de tierra argentina en el norte salteño, al igual que sus allegados de la famiglia política Macri, Peña Braun, Caputo y Clusellas.

Ese afán de quedarse con todo

La impunidad y ambición del poder político-económico han sido tales que la ONG GreenPeace denunció la tala indiscriminada de bosque nativo en el municipio Embarcación, en 2014, involucrando a Juan Manuel Urtubey, Franco y Mauricio Macri, al primo del Jefe de Gabinete Marcos Peña, Alejandro Peña Braun, entre otros. Los adalides nacionales fueron también noticia cuando la policía de la provincia desalojó a comunidades originarias de Las Llanas en el interior salteño, lo cual se relacionó a las irregularidades en la declaración jurada de Macri tras ocultar dos mil hectáreas en Finca El Yuto, tierras en las que viven alrededor de 14 comunidades indígenas.

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De hecho, una de las últimas denuncias por desmontes ilegales de más de 3 mil hectáreas en el interior salteño involucra a la empresa de capitales españoles La Moraleja S.A, la cual provee jugo de limón a Sprite. Si bien la multinacional Coca-Cola envió una carta que contradice la denuncia de la ONG y adjunta una autorización de la Secretaría de Ambiente de la provincia que dictamina no haber deforestado bosque nativo, los negocios traen garantía: tiempo después La Moraleja SA cambió su jurisdicción a la Provincia de Salta, en Apolinario Saravia, luego de haber estado radicada en Buenos Aires desde su nacimiento a fines de la década del setenta. El resguardo del poder político para los empresarios.

La deforestación, privatización y el daño al ecosistema hacen que, poco a poco, los indígenas se vean obligados a emigrar de sus tierras ancestrales. Los acuerdos entre empresas y funcionarios municipales, provinciales y nacionales son una realidad.

Un negocio próspero

En 2005 la familia Macri ya anunciaba su inclinación por el sector agroindustrial a través de inversiones del grupo Socma, con un 70%, y la Universidad Ben Gurion de Israel, con 30%, para explotar tierra del norte argentino previendo acumular alrededor de 300 millones de dólares anuales. “El 65% de la producción será para exportación, con acuerdos previos con los compradores desde antes de la siembra, para que puedan controlar su evolución” reza una nota en Clarín.

En 2017 el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey firmó el decreto 1377/16 que “permite la venta de las tierras en la provincia a extranjeros fijando nuevos techos: mientras que antes era de mil hectáreas en todos los casos, ahora van entre once mil y treinta y cinco mil. Esta exorbitante cifra de ingreso a los capitales extranjeros se reserva para la zona de la Pre Puna (Iruya y los departamentos ligados a la minería), los Valles Calchaquíes y el Departamento Rivadavia”, tal como detalló la investigación del portal Nuestras Voces.

Tiempo atrás, a principios de julio de 2016, Macri emitía el DNU 820/2016 que eliminaba porcentajes a la titularidad de tierras en manos extranjeras aprobada en Congreso en el 2011. Así, el Gobierno Nacional definió que se considera titular extranjero a quien sea titular de “más del 51% del capital social de una persona jurídica” borrando la normativa que definía como tal a quien sea titular de un “porcentaje superior al veinticinco por ciento”. La justificación oficial, como tantas otras veces, fue que la medida alentaría inversiones extranjeras.

Así, las decisiones políticas y empresariales de funcionarios nacionales y provinciales se concatenan haciendo explícito el rumbo de la política para el norte argentino: deforestación de bosques nativos y destrucción del suelo, precarización laboral en la producción de alimentos y exportación al mercado internacional, las tres encíclicas del capitalismo extractivista que el agronegocio urge.