Para el rector de la UNSa, las paritarias la deben cerrar los gobiernos provinciales

Antonio Fernández, rector de la Universidad Nacional de Salta, cree que las paritarias con los trabajadores de la Educación debe ser arreglada entre el gremio y los gobiernos provinciales. ¿Qué dicen las leyes? ¿Cuál es la lógica de no abrir una paritaria a nivel Nación? ¿Qué rol debieran tomar quienes están a cargo de una administración pública en la Educación?

Por Emiliano Frascaroli – Foto: Archivo

El rector de la Universidad Nacional de Salta, contador Antonio Fernández, opinó sobre el acto inaugural del Museo Güemes- al que asistió el Presidente y ex gobernadores salteños, junto a autoridades actuales-. Además, habló sobre el paro docente y el rumbo que cree que deben tener las negociaciones salariales entre el Gobierno Nacional, los gremios docentes y la administración Provincial. La nota fue tomada cuando Fernández salía del acto inaugural al Museo Güemes el pasado miércoles 22 en el microcentro salteño y difundida en el programa radial Sapo de otro pozo, emitido por FM Noticias 88.1, el jueves por la tarde.

Buufo ¿Qué le pareció el acto?

Antonio Fernández: Muy bueno, muy lindo el museo, muy moderno, para que los salteños recordemos a Güemes.

B- ¿Cómo se desenvolvió el acto?

AF- Todo tranquilo, mucha gente

Luego, atino a preguntar si vio algo de cómo retiraban a una militante de la Tupac Amaru. Obviamente el Rector de la UNSa no pudo ver. Salteo pregunta en este escrito. La nota sobre el tema aquí.

B- El acto se dio al calor de la marcha docente por la apertura de Paritarias ¿Qué opina usted que es Rector de la una Universidad Pública?

AF- Creo que todo el mundo tiene derecho a protestar cuando está en desacuerdo con alguna medida. Están cada una de las jurisdicciones tratando el tema de salario docente y la disputa está, justamente, en que se esta queriendo abrir una paritaria nacional. El Gobierno Nacional tiene la postura de que no corresponde, que ya está fijado el salario mínimo, que es lo que ellos garantizan. Creo que hablando todo se soluciona.

B- ¿Cree que la negociación la tienen que arreglar los gobiernos provinciales?

AF- Sí. Entiendo que sí porque los maestros, en definitiva, dependen de cada jurisdicción.

B-Pero la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Paritaria Nacional indican lo contrario…

AF-Bueno, pero esa ley se refiere a la fijación de salario mínimo, que ya esta fijada.

 

Reflexiones… ¿Qué dicen las leyes nombradas anteriormente?

Como se explica en esta nota, existen legislaciones que Mauricio Macri, jefe de Estado, y Esteban Bullrich, Ministro de Educación, decidieron no atender. Por un lado, la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que entró en vigencia en 2006, estableció que el presupuesto a la cartera no debía ser menor al 6% del PIB (Producto Interno Bruto). Además, dicha normativa reglamenta en su artículo 10 que “el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional,acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente”.

Por otro lado, la Ley de Educación Nacional 26.206 establece en el inciso I del artículo 67 que se debe llevar a cabo una “negociación colectiva nacional y jurisdiccional”. Sin embargo, Bullrich aseguró que “la paritaria está basada en las necesidades y recursos fiscales de cada provincia, no podríamos desde Nación determinar los recursos de cada provincia”.

El rector de la Universidad Nacional de Salta, contador Antonio Fernández, adhiere a la postura oficial: cree que la negociación está en manos de los gobiernos provinciales, pese a que existan leyes marcos a nivel Nación que dictaminan una negociación que sea vértebra de las paritarias. De hecho si así decidieran cerrar, los salarios docentes tendrían variaciones en las diferentes provincias: no todas recaudan la misma cantidad de dinero, ni tienen las mismas necesidades, ni son proporcionales a la densidad poblacional, etcétera. Existe un retroceso a la política educativa de la primera Alianza. El alejamiento del Estado de la administración pública debiera, al menos, preocupar.

En el marco de la normativa citada anteriormente, en un convenio colectivo de 2016, se establece que el salario docente debe estar un veinte por ciento (20%) por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil, que actualmente es de $8.060. Según el titular de la cartera educacional el mínimo docente es de $9672, tal como establece la cláusula de actualización del convenio firmado en 2016.

¿Antecedentes?

En Argentina, muchas veces, el presente trae el gustito del pasado. La administración Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, deja entrever una inclinación similar a la política del gobierno de Carlos Menem a fines de la década del ’80 y casi toda la del ’90. En el proyecto de la primera Alianza se puso foco en el achicamiento del Estado para dar lugar a las privatizaciones. La Educación no fue la excepción: Menem impulsó una ley de descentralización educativa para relegar administración a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

En el trabajo titulado Transferencia Educativa hacia las provincias en los año ’90: un estudio comparado, realizado en 2001 con la participación Horacio Rodríguez Larreta como asesor, especifican en la introducción que “Después de años de aguda crisis que pusieron en evidencia la incapacidad global del Estado nacional para gestionar estas estrategias, la gestión del presidente Menem iniciada en 1989 puso en marcha un conjunto de políticas que produjeron una redefinición del alcance de la intervención estatal. Se apuntó, de este modo y entre otros aspectos, a limitar la injerencia del Estado nacional en el campo económico y a trasladar a los gobiernos provinciales las responsabilidades en la prestación de los servicios sociales básicos“.

Citado al término del fragmento anterior, el historiador y escritor Ozlak detalla: “Entre las medidas implementadas, la privatización supuso limitar el alcance o modificar la naturaleza del Estado en la gestión de los asuntos sociales en la medida en que aumentó el poder de otros actores sociales en dicha gestión, al transferir la responsabilidad por la provisión del servicio del ámbito estatal al privado. La desregulación, por su parte, implicó restringir la acción del Estado en el control de los servicios públicos privatizados, en tanto que la desmonopolización (pública) generó indirectamente una reducción de la actividad estatal, en la medida en que se debilitó la demanda de bienes y servicios ofrecidos por el Estado. Finalmente, la descentralización implicó una disminución del papel del Estado nacional puesto que la gestión de los bienes y servicios producidos y ofrecidos por el sector público se trasladó hacia los gobiernos provinciales y locales (Oszlak, 1997).

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