Los machos de la Política: uno a uno los candidatos denunciados de Salta

Un informe revela que al menos 13 funcionarios públicos de la Justicia y la Política de Salta presentan denuncias en su contra por violencia de género, amenazas, agresiones, maltrato, incumplimientos laborales, violencia institucional y privación de derechos.

La política es apasionante y aberrante a la vez. Al menos esa es una interpretación que se puede tener luego de que una recopilación de datos de cuenta que las autoridades que discuten el rumbo de nuestras vidas presenten denuncias de todo tipo. Y, principalmente, por violencia y discriminación de género. Un informe realizado por la Multisectorial de Mujeres de Salta, CLADEM, la Comisión de la Mujer UNSa, Abogadxs del Instituto Jurídico de Género y Mujeres Trans Argentina detalla uno a uno los casos de la Provincia de Salta en los que se vincula a concejales, intendentes, diputados y magistrados con cargos actuales y candidaturas explícitas- además de quienes tienen mandatos cumplidos- vinculados a casos de violencia de género, amenazas, agresiones, maltrato, incumplimientos laborales, violencia institucional y privación de derechos, entre otros.

Es fundamental “visibilizar como siguen operando mecanismos que, en esta ocasión, tratan de persuadir a la opinión pública salteña acerca de la irrelevancia de poseer antecedentes judiciales por cometer actos de violencia de género familiar física, psicológica o económica” describen desde las organizaciones de mujeres para poner en el tapete la impunidad con la que cuentan ciertos candidatos de las próximas elecciones.

El macho de La Capi

Las primeras líneas son dedicadas a Adrián “Chico Malo” Valenzuela, candidato a Senador por Capital en el Frente Unidad y Renovación que conduce el Gobernador Juan Manuel Urtubey. La cara nueva de la vieja política, como han definido por ahí a Valenzuela, presenta denuncias “por violencia de género, por privar a su hijx de la cuota alimentaria adecuada para su subsistencia y calidad de vida, por reconocimiento de filiación ante su negativa a asumir la paternidad, por maltrato e incumplimientos laborales y por cuestiones de índole comercial que concluyeron con embargo sobre sus bienes”, según detalla el informe en cuestión.

Por ello, señalan la hipocresía de Juan Manuel Urtubey al declarar la Emergencia de Género en 2014 y, sin embargo, bendecir y postular a Adrián Valenzuela. A su vez, el candidato a la senaduría provincial se negó de las denuncias en el programa del empresario de los medios Mario Peña, a pesar de que el periodista le mostrase los papeles.

El siguiente en la lista fue Durand Cornejo, también candidato a Senador Provincial por Un Cambio para Salta, quien fue denunciado a fines de 1980 de acoso sexual con propuestas deshonestas por una trabajadora del PAMI. Como replesalía, según consignan publicaciones periodísticas, Durand Cornejo presionó hasta que le aplicaran una sanción en la institución. Y destacan que la segunda denuncia contra el candidato a Senador por el Macrismo por tocamientos impúdicos en perjuicio de una joven mujer del Barrio Norte Grande sucedió en el 2013.

Actualmente, en paralelo a la campaña de Durand Cornejo, el Intendente Gustavo Sáenz eliminó la Dirección de Diversidad y ajustó los recursos humanos y económicos en el Área de la Mujer. “Durand Cornejo afirma que fue sobreseído en ambas causas, jamás mostró prueba alguna”, aclaran.

El síndico camionero y candidato a renovar su banca en la Cámara de Diputados de la Provincia por el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, Jorge Guaymás, “presenta desde 2010 hasta la fecha un prontuario rico en denuncias por hechos reiterados de lesiones, amenazas de su ex pareja, un anterior juicio por filiación de otra mujer y denuncias varias por coacción, amenazas y usurpación, algunas relacionadas a su antigua condición de trabajador del Sindicato (de Camioneros) desde 1999”.

El interior, conserva e impune

El informe avanza y nuevamente termina cayendo en Un Cambio para Salta, esta vez en el municipio La Caldera. Se trata de Alfredo Vázquez quien, según consigna FM Capital, fue denunciado por su ex esposa entre 2013 y 2016 por “violencia familiar” e incumplimiento de “deberes familiares” (es decir, “no facilitar los fondos necesarios para que sus hijos/as tengan una vida digna y la madre no se vea ilegal e ilegítimamente privada de su tiempo y recursos propios para solventar de manera exclusiva las necesidades vitales de los/as chicos/as”). Vázquez disputa una banca en el Senado Provincial por la agrupación política liderada por Bettina Romero y Matías Cánepa en representación del pueblo caldereño, donde también fue denunciado por “amenazas varias a familiares y vecinxs, quienes solicitaron restricción perimetral sobre el candidato por considerarlo un hombre muy violento y peligroso”

En seguidilla también se encuentran concejales, diputados e intendentes que permanecen en sus funciones a pesar de tener denuncias por violencia de género, laboral, institucional, amenazas y agresiones en distintos lugares del interior salteño.

Los intendentes: Alfredo Darouiche de Aguaray, Manuel Cornejo de Campo Quijano, Juan Domingo Aguirre de Joaquín V. González y Rubén Méndez de Salvador Mazza. Y los legisladores César Córdoba, Diputado del Bloque Justicialista por el Departamento Los Andes, y Raúl Ledesma, concejal y actual candidato a renovar su banca en Metán. Este último cuenta con el apoyo político del actual Presidente del Concejo Deliberante de Salta y candidato a Diputado Provincial por el Partido Primero Salta, Ricardo Villada y el Candidato a Diputado Nacional por Cambiemos País, Martín Grande según publica este medio en otra nota.

Por su parte, recordaron que en 2013 un operativo de la Policía Federal salpicó al entonces intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba; y que Juan Rosario “Chicho” Mazzone fue condenado por corrupción de menores, luego de que tuvieran estado público unas fotografías que lo mostraban en ropa interior junto a chicas menores de edad. Ambos permanecen libres.

La pata judicial

Es importante aclarar que el Poder Político cuenta con el apoyo del Poder Judicial, ámbito donde también existen casos de violencia.

En el ámbito del Poder Judicial, las denuncias contra el Juez de Tribunal de Juicio Sala VII, Dr. Federico Diez, continúa a consideración del Tribunal de Impugnación, tras una denuncia radicada hace 13 meses. Y también agregan: “Los juicios políticos contra magistrados/as que han incurrido en hechos graves de violencia institucional, en el caso del juez de familia Víctor Raúl Soria y de la Asesora de Incapaces Claudia Marcela Flores Larsen, por privar a una niña de acceder a una práctica médica de interrupción del embarazo cuando había sido violada y agredida físicamente por su padrastro”, ç

Héctor Mariscal Astigueta, juez penal de Tartagal, y Jorge Armando Cazón, fiscal del mismo distrito judicial, tienen antecedentes “por haber privado del acceso a justicia a una niña con retraso madurativo víctima de una violación masiva, que cursaba un embarazo de altísimo riesgo de un feto anencefálico, que al nacer –por protocolo médico- no recibiría ningún tipo de asistencia ante la nula posibilidad de vida extrauterina”.

Así es que funcionarios públicos del ámbito Político y Judicial, los primeros elegidos por el voto popular, continúan sus vidas con total normalidad, a pesar de tener denuncias varias en su contra.