Indígenas piden que aprueben la ley que resguarda sus tierras y prohíbe desalojos

Comunidades wichí del interior de Salta exhortan a los legisladores nacionales la tratativa de la Ley 26.160. La situación actual de los pueblos indígenas. Un antes y un después que podría llegar en menos de tres meses. (Foto: Agustín Ochoa).

por Emiliano Frascaroli

¿Qué dice esa famosa ley que tantos originarios reclaman a lo largo y ancho del país? ¿Por qué los legisladores no quieren discutir si dan prórroga u otorgan su vencimiento? ¿Qué podría suceder en el interior salteño y en el resto del país si ésta se cae? Allí van algunas preguntas que le pueden surgir a cualquier persona que haya escuchado, leído o visto algún reclamo por una ley que resguarda las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.

En menos de tres meses vence la Ley 26.160 que reconoce posesión y propiedad de las tierras de los Pueblos Originarios, demanda al Estado a realizar los relevamientos técnico-administrativos-catastrales de territorios ocupados por comunidades que no han sido incorporadas en los censos anteriores y prohíbe los desalojos a campesinos rurales e indígenas. La normativa fue aprobada por el Congreso en el 2006 y prorrogada en 2009 y 2013. Ahora, espera ser tratada antes de su vencimiento el 23 de noviembre. En el Senado de la Nación días atrás la mayoría votó en contra para que ingrese a sesión y no hubo dictamen favorable.

La paz o el conflicto

“Si se nos vence esta ley creo que se nos viene encima aquélla gente que la han comprado con su dinero y ellos, seguramente, estarán pensando en desalojar a algunas comunidades que se sujetaron a la ley”, comentó a este medio Demetrio Campos, referente de la comunidad wichi La Misión de Rivadavia Banda Sur. El cacique reconoce que antes de la ley había comunidades que estaban propensas a que “los desalojen y que los saquen de lugares tradicionales” pero que gracias a la ley se lo pudo evitar, aunque no en su completitud. Ahora manifiestan preocupación porque se acerca la fecha de vencimiento, el 23 de noviembre, y legisladores del país no se han mostrado `predispuestos a tratarla; o al menos eso es lo que dejaron entrever las mayorías.

Demetrio también es profesor bilingüe de la Escuela de La Misión, donde los más pequeños se comunican en su idioma originario y, a veces, en un castellano que entienden pero disimulan ante el visitante. Luego de hacer un revisionismo histórico de la pre-existencia de los indígenas al Estado Nacional y las regulaciones que la construcción del mismo implicó, el cacique advierte que “la lucha no va a empezar de que se ha caído una ley para los pueblos originarios sino que continúa desde un principio”. “Luchamos sin ley y vamos a terminar sin ley”, reflexiona.

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En la misma línea, Ernesto Saravia, referente de la comunidad wichí El Cocal del mismo municipio, explica: “Cuando termine el plazo nosotros nos veremos obligados a defendernos de los terratenientes que tenemos por los alrededores. Y no queremos llegar a eso. Es un problema muy grande”. Por eso, también hace un pedido a los legisladores para que se pongan en una postura firme y “protejan a los pueblos originarios”.

Los referentes de las comunidades wichí del interior salteño enviaron un mensaje a los legisladores de todo el país que deberán tratar la prórroga- o no- de la Ley 26.160 en el Congreso de la Nación y remarcaron que de no hacerlo los estarían discriminando. “Nosotros simplemente queremos hacer valer nuestro derecho pacíficamente, porque si no existe esta ley va a existir violencia y enfrentamientos. ¿Quién sabe? hasta muertes podría haber entre los que compran las tierras y nosotros los habitantes”, agrega Demetrio.

Los datos

Según un informe de la ONG Amnistía Internacional hay 1532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI) de las cuales sólo 759 han iniciado el proceso de relevamiento; es decir que faltan más de la mitad, un 51%. Además, agregan que “de ese parcial total (759), sólo 459 comunidades cuentan ‘con resolución’, que el INAI identifica como relevamientos ‘culminados’, y en relación a los cuales, ‘en los casos que corresponda, reconoce la ocupación actual, tradicional y pública’. Pese a estar concluidos en la práctica, si bien se elabora una ‘carpeta’ con todo el material, no solo no se avanza en la titulación ni entrega de títulos, sino que muchas veces siquiera se conoce el destino de esas carpetas”.

Durante 2017 el Estado ha previsto un relevamiento de 150 comunidades; esto es apenas el 9,79% del total de comunidades registradas. Lo que deja por fuera a por lo menos 623 comunidades que aun no han atravesado ningún proceso y las 303 que aun no lo han concluido” explican desde Amnistía Internacional luego de solicitar la información al Estado. Y continúan: así, si sumamos las 303 comunidades que aun no han visto concluido el proceso y las 623 comunidades que no han sido relevadas al menos 926 comunidades de las registradas- el 60%- quedará a la deriva de no prorrogarse la norma y verán trunca su posibilidad de ser relevado su territorio.

Desde la ONG subrayaron que provincias con elevados niveles de conflicto- como Chubut, Formosa, Neuquén, Río Negro, Salta- no se encuentran dentro del grupo de provincias con el relevamiento finalizado. Incluso advierten que el INAI “se limitó a indicar que había ejecutado la suma de 72.883.793, 58 millones de pesos destinados a 12 provincias a través del sistema de relevamiento descentralizado. Este monto deja por fuera los fondos ejecutados para el relevamiento realizado de forma centralizada por el INAI”.

El Gobierno de la Provincia comunicó a través de Luis Gómez Almarás, ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, que “ya fueron relevadas unas 272 comunidades” en el marco de las tareas que incorpora la Ley 26.160 y que planifican llegar a 320 a fin de año, es decir un 80% de las 400 comunidades.

El debate

La discusión gira en torno a si los legisladores del país darán o no prórroga a la Ley 26.160 que resguarda las tierras de los pueblos indígenas, prohíbe desalojos y demanda al Estado llevar adelante tareas de relevamiento participativo con las comunidades originarias. De hecho, ya existen anteproyectos que contemplan la partida económica para el INAI y que proponen extender la normativa hasta 2021. No están insertos en los puntos a tratar en el Congreso, pero puede entrar sobre tablas a través de sus firmantes tanto en el Senado y como en Diputados. .

Mientras tanto, las bancadas salteñas en el Senado de la Nación sentaron posición: Cristina Fiore y Rodolfo Urtubey votaron en contra de que se incorpore el tratamiento de la ley en la próxima sesión de la cámara alta, y el ex gobernador Juan Carlos Romero estuvo ausente. Al menos dos de los tres apellidos mencionados figuran como poseedores de tierras en Salta. Tal vez sea ése el motivo por el cual no quieren tratarla. En Diputados, sólo Pablo Kosiner firmó un proyecto y Pablo López adelantó su voluntad por dar la prórroga a la ley.

Es cierto que directamente se discute la prórroga o no de una ley que ampara a las comunidades indígenas. Pero también es cierto que se discute un posicionamiento respecto al futuro de la política económica de un proyecto que podría profundizarse después de las elecciones de octubre. Si vence la ley numerosas familias de distintos puntos del país podrían ser desalojadas de sus tierras ancestrales y quedaría el camino libre para la privatización de tierras nativas con la expansión de la frontera agrícola, la pérdida de los recursos naturales (petróleo, agua, madera, peces, etcétera) y la destrucción del ecosistema. Los ejemplos sobran y bien sabido es que las actividades empresariales extractivistas obligan a los indígenas, una vez invadidos en su cotidianeidad, a emigrar de sus territorios en busca de algún empleo público o precarizado, olvidados por el Estado, y que en muchos casos perjudican la salud de la población.

Sólo queda esperar que den prórroga a la ley. Tal como dijo el cacique Demetrio, “nos acostumbramos a la paz”.