En el Gobierno Nacional a veces pasan cosas raras…

El neo-extractivismo como política del ejecutivo provincial. El avasallamiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y un mensaje claro en favor de la ecología y los pueblos originarios de parte de la iglesia.

Por Naty Fernández

 

Salta es la provincia con la mayor cantidad de etnias originarias registradas (9 según el gobierno provincial), que se aglutinan en 400 comunidades, aproximadamente, sin embargo las políticas de desmontes y desalojos están a la orden del día.

Según Greenpaece en la provincia ya se desmontaron más de 400 mil hectáreas, de las cuales, al menos 120 mil corresponden a áreas protegidas.

La brutalidad del desmonte no solo arrasa con la flora y la fauna autóctonas y destruye ecosistemas vitales, principalmente para proveer de terrenos al monocultivo de la soja transgénica y la ganadería intensiva; sino que además de destruir patrimonio arqueológico, indispensable para la construcción de la identidad y de la memoria de nuestro pueblo, despoja a las comunidades originarias de su principal medio de subsistencia: El monte.

El Desmonte y los Desalojos como políticas Etnocidas

En el año 2014 la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Salta, respaldada por el consejo directivo de la facultad de Humanidades, denominó a los desmontes y a los desalojos cómo genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe, puesto que lleva a la marginalidad y al abandono a las comunidades originarias y campesinas de la región, arrojándolas cada vez más a zonas improductivas y carentes de recursos tan básicos como el agua, lo que indefectiblemente terminaría con su extinción.

El avasallamiento inescrupuloso que viola los derechos de los pueblos contemplados en la Constitución Nacional y la violación sistemática de la ley de Bosques a través de las recategorizaciones constantes evidencia la política etnocida ejecutada por el gobierno provincial.

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El mismo gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, se mostró disconforme de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación al solicitar el cese de los desmontes en la finca Cuchuy (a 70km de la ciudad de Tartagal), propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. “En el gobierno nacional a veces pasan cosas raras” afirmó explicando que tal decisión le pertenecía a la justicia y no al ministerio.

 

La pobreza y la desnutrición infantil, son un flagelo que afectan principalmente al interior de la provincia y particularmente a las comunidades originarias, a muchas de las cuales es difícil acceder, sin embargo la falta de políticas públicas y de planificación en función de las necesidades culturales de cada comunidad dejan en evidencia la desidia recurrente del Ejecutivo.

El Ecocidio es un Pecado

Ya en el año 2016 el Papa Francisco I se posicionó en favor de los pueblos originarios cuando en Chiapas la misa se realizó de manera bilingüe, en castellano y tzotzil, dejando un mensaje claro en contra del extractivismo, en pos del cuidado del medio ambiente y de la hermandad con los pueblos originarios.

Planteó la necesidad de aprender de ellos puesto que han sabido construir una sociedad basada en del cuidado de la naturaleza, y reprochó el accionar de las sociedades occidentales que desvalorizaron y trataron de inferiores dichas costumbres.

Este año, en su recorrido por Latinoamérica ratificó su mensaje y apuntó en contra de la minería ilegal, los derrames de hidrocarburos, la trata de personas y la invisibilización a los pueblos nativos de la Amazonía.

En un mundo en donde las comunidades originarias están expuestas a la extinción y dónde el medio ambiente no es más que un bien productivo, que la máxima institución de la religión católica de un mensaje de tamaña envergadura abre una ventana de aliento y esperanza, especialmente para países como el nuestro en dónde la religión oficial ha avalado, o al menos silenciado, en cuanto a las políticas neoliberales que afectan a los sectores populares.

En un momento histórico como este, en el que los apropiadores de las tierras nos gobiernan, defender el monte no implica solo defender una porción de tierra, o un ecosistema (defensa valiosa y necesaria por sí misma) sino que además significa defender a nuestro pueblo, a nuestra historia, nuestra identidad y por sobre todo es una defensa directa de nuestra dignidad porque como dice Pérez Esquivel “Un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado”.

 

Fuente audio: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1