El famoso artículo 9: ¿quién protege a los Pueblos Originarios y campesinos rurales?

Hace 5 días terminó el plazo de 3 años que garantizaba el freno a desalojos a familias rurales y ahora lo prorrogaron nada más que por seis meses. Los legisladores salteños se deben una discusión: ¿están o no de acuerdo a frenar los desmontes y aprietes a comunidades originarias y pequeños agricultores? La respuesta es sólo una. Se debatió en Diputados, pese a su ya aprobación por unanimidad, luego de la jugada en Senado para reducir los tiempos a tan sólo 6 meses.

La Ley N° 7.658 que garantiza protección a los pueblos originarios, pequeños agricultores y familiares rurales fue sancionada en el 2010 y luego ratificada en julio de 2014. Si bien su eje es frenar los desalojos y el avance de grandes terratenientes contra pobladores locales, existe un punto bastante particular: el artículo 9. Este famoso agregado de la ley dispone dicha protección por plazos. En 2010 nace para salvaguardar personas en pleno conflicto en el interior salteño, en 2014 fue promulgada con 3 años de vigencia, mientras que ahora sólo fue por 6 meses. La jugada de bajar los plazos viene del Senado Provincial.

En la política los tiempos son cruciales, ya que fue aprobada hace 7 años pero el Ejecutivo, a cargo de Juan Manuel Urtubey, nunca la puso en reglamentación. Incluso más: los senadores oficialistas decidieron que 3 años “era mucho” tiempo, y sólo otorgaron 6 meses. El Partido Obrero, a través de la senadora Gabriela Cerrano, manifestó su postura rechazando tales condiciones, pues quedan en la cuerda floja miles de familias que podrían sufrir el avance del capital empresarial sobre sus tierras. Sin embargo, la correlación de fuerza no pudo torcer el ala feudal.

La prohibición a “las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto, sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios“- tal como lo establece su artículo 1° luego de la modificatoria en el 2014- es una clara y necesaria defensa a tantas personas que dependen del ecosistema donde habitan para sobrevivir y, además, de tantas otras personas que generan ingresos a través de actividades agropecuarias.

En diálogo con este medio el diputado provincial del Partido de la Victoria por el Departamento Rivadavia, Ramón Villa, manifestó su postura.

– Es sorprendente. Tu pregunta se la hicieron muchos en los últimos días. Cuando aprobamos la ley, allá por el 2010, aprobamos por 18 meses el artículo 9 y si realmente se trabajaba como correspondía, en 18 meses ya tendría que haber estado solucionado el problema territorial de cada uno de los vecinos con el acompañamiento del Estado fundamentalmente, pero nada se hizo. Esta es la tercera oportunidad en que vamos a prorrogar el artículo 9 de la Ley (7.658) que frena los desalojos, que es lo que estaba pasando en aquel momento: estaban desalojando mucha gente no solamente en Rivadavia, en San Martin, en Anta, en varios lugares de la provincia. Entonces, allí pensamos un paragua protector para salvar la situación de los campesinos, puesto este articulo como una cláusula transitoria. Para bueno, enel momento en que esté solucionado el inconveniente que tiene cada uno de ellos, ya no tiene razón de seguir estando. Pero lamentablemente desde el Estado nada se hizo, por eso estamos en la misma situación.

Ese artículo 9 que se venció el 7 de julio nosotros lo habíamos aprobado en cámara de diputados por unanimidad. Lo presenté nuevamente pidiendo por tres años más la prórroga. Al ver que en 6, 7 años no se avanzó como debería haberlo hecho el gobierno provincial vamos a pedir nuevamente 3 años para ver qué pasa. Lo importante es que sigan protegidos los hombres y mujeres que están en esta situación. Nosotros lo aprobamos a fines de Abril, en Mayo la enviamos al Senado y el Senado lo trato recién el jueves pasado en una sesión especial porque estamos en el marco de un receso invernal– si bien es administrativo, todos sabíamos que no íbamos a sesionar en dos semanas-. Sin embargo, hubo una sesión especial por la presión de la gente y por muchas situaciones que se dieron y tuvieron que tratarlo el jueves pasado. Al modificarlo, ellos cambiaron la fecha, no lo aprobaron por 3 años, sino por 6 meses esto hace que nosotros tengamos que convocarnos hoy nuevamente para avanzar en esto porque sino vamos a dejar un problema muy grave para quienes están es situación judiciable.

He aquí un recorrido a modo de síntesis: sancionada hace 7 años, la Ley N° 7.658 nunca ha sido ejecutada por el Gobernador. Ahora, ése mismo oficialismo suma un porotito: los senadores bajaron el plazo de protección de 3 años a 6 meses. Sólo hubo un voto en contra. Volvemos a la pregunta del principio de la nota:¿Existe interés en proteger a los pueblos originarios y pequeños productores rurales que viven en y de sus tierras? Al parecer es sólo una cuestión electoral. Una vez culminadas la renovación de los cargos legislativos, si llegase a ganar la Alianza Cambiemos o el frente Urtubeycista “Unidad y Renovación”, el rumbo se profundizará contra los más necesitados para favorecer a los grandes terratenientes. No es una cuestión de futurología, sino más bien un hecho de la vida real.