Escándalo en la UNSa: abusos, negligencia institucional y un régimen para disciplinar estudiantes

Un proyecto a pedido de la Secretaría de Asuntos Jurídicos intenta armar un sumario a los estudiantes. Los casos de abuso sexual de un alumno de la Universidad que detonaron una “urgencia” en las autoridades y un protocolo contra la violencia de género que permanece en el tintero.

por Emiliano Frascaroli (*)

Un documento con 66 artículos comenzó a circular el jueves por la mañana en la Universidad Nacional de Salta. Se trata de un proyecto denominado “Régimen Disciplinario de Estudiantes” impulsado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos a través de la Dirección de Sumarios y dirigido a la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior. Adjunto al trabajo final advirtieron su presentación “sobre tablas” en la sesión del órgano de co-gobierno universitario que se llevaría horas después. Por un pedido de los representantes estudiantiles cayó su votación y se propuso que vuelva a comisión para que los Centros de Estudiantes pudieran analizarlo detenidamente. ¿Cuál es el carácter de “urgencia”? ¿Qué dice el Régimen propuesto y qué hay detrás?

El título ya genera polémica: se trata de un “régimen” para “disciplinar” a los estudiantes. Y ahondando en su cuerpo confirma su carácter autoritario y retrógrado:

  • En el artículo 2 detalla que se lo aplicaría “por hechos, actos u omisiones que realicen en el ámbito universitario o fuera de éste, que perjudiquen moral y/o patrimonialmente a la Universidad, con motivo u ocasión del ejercicio de su calidad de estudiante”.
  • La Autoridad de Aplicación del proyecto oficialista sería la Dirección de Sumarios y un Instructor Sumariante y/o un Secretario de Actuaciones, designado por la misma cartera.
  • En el artículo 51, establece que podrían imponer sanción disciplinaria de apercibimiento “acciones que interrumpan o malogren el desarrollo normal de la actividad educativa”.
  • El artículo 52 rige sobre “falsedades documentales” cuando se cometa “cualquier fraude o engaño en un examen parcial o final”, lo cual motivaría su privación al derecho de examen o “desaprobación del mismo”.
  • Los artículos 53 y 54 establecen suspensión de seis meses el hecho de “participar en desórdenes en el ámbito de la Universidad que provoquen daños al patrimonio físico”; suspensión de un año cuando se provocan “daños graves a bienes físicos de la Universidad y “acoso sexual o discriminación de cualquier tipo a un miembro de la comunidad universitaria”.
  • El artículo 57 establece en el inciso E que un acto de “abuso sexual a un miembro de la comunidad universitaria” demanda expulsión de la institución educativa.

Y podría continuar el análisis artículo por artículo, aunque los resaltados bastan para su interpretación. De esta manera, la Universidad Nacional de Salta pretende iniciar un sumario administrativo y una especie de investigación sumaria sobre el estamento mayoritario que asiste a la casa de estudios: los Estudiantes.

Así, surgen algunas preguntas: ¿Qué es moral, qué es inmoral y quién lo define así? ¿Cuándo se escribe la puerta de un baño, se está dañando patrimonialmente a la Universidad de forma grave o leve? ¿Si un celular suena en una clase se estaría “malogrando” el desarrollo normal de la actividad educativa? ¿Cuándo un estudiante deja de ser estudiante? ¿Qué es “orden” y qué se entiende por “desorden”?

Los artículos mencionados dejan un vacío en la interpretación ya que utilizan conceptos que desde la subjetividad pueden variar, puesto que no existe una definición homogénea, por ejemplo, sobre lo moral o el orden. Además de buscar sanción con una herramienta de castigo y vigilancia, se recae en situaciones donde todo es relativo. Para una docente el timbre de un celular en medio de la clase puede interrumpir su desarrollo “normal” y para otra no; para alguna autoridad pegar una imagen exigiendo aparición con vida de Santiago Maldonado puede dañar su “moral” y afectar el “bien físico” y para otra no. Y así sucesivamente. Lo particular es que recaen sobre los Estudiantes pero no así en docentes, como si fuese un claustro donde no existe violencia institucional ni hubieran casos de abuso.

El contexto

A principios de septiembre tuvieron conocimiento público tres denuncias contra un estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa por abuso sexual a dos compañeras de carrera. Sin embargo, este medio pudo averiguar que las víctimas habrían presentado una nota ante el Decano de la Facultad, Jorge Yazlle, comentándoles la situación a mediados de Agosto y al no obtener respuestas, se dirigieron a Asuntos Jurídicos. En esa Secretaría no quisieron recibirles la denuncia y recomendaron que lo hagan ante la abogada Raquel Mercedes de la Cuesta, a cargo de la Dirección de Sumarios, “para que no pierda tiempo ya que va a tardar días, muuuuuuuucho tiempo, en llegar a Sumario Administrativo”. Según consta en un acta de la Comisión de la Mujer con fecha del 25 de Agosto a la que accedió Buufo la Directora de Sumarios no “se mostró capacitada para tratar este tipo de problemas” y promovió una mediación entre el abusador y las abusadas, en la cual preguntó al victimario “por qué volvía a tomar esas actitudes”.

Según fuentes confiables que dialogaron con este medio, una semana antes de que el caso llegase a los medios locales, las estudiantes volvieron a Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas. En ese caso adjuntaron a la nota presentada anteriormente el acta realizada con la Comisión de la Mujer y luego de un ir y venir entre ineficacias de las autoridades de la Facultad y la Universidad, recién el vice-decano de Exactas, Daniel Hoyos, decidió acompañar a las estudiantes abusadas a realizar la denuncia a la Policía, como debieran haberles asesorado desde un principio en la Secretaría de Asuntos Jurídicos y la Facultad. Lamentablemente, tras ello surge el “Régimen Disciplinario de Estudiantes” del cual comenzamos a hablar a principios de la nota.

El régimen y la inoperancia

El carácter de “urgencia” con el cual solicitaron a la Comisión de Interpretación y Reglamento la elaboración de un proyecto que aporte una herramienta legal para poder sancionar al estamento Estudiantes tiene su explicación en la inoperancia de las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y la Secretaría de Asuntos Jurídicos. El hecho de haber querido resguardar el status quo de la Universidad y no poner énfasis en la gravedad en cuestión, brindando contención y asesoramiento a las víctimas, derivó en un nefasto intento de implementación de un “Régimen Disciplinario” que busca iniciar sumarios a los estudiantes y tipificar las razones de su sanción y/o expulsión.

La Comisión de la Mujer realizó un “Protocolo de intervención institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género” que comenzaron a trabajar a pedido del Decano de la Facultad de Humanidades, Alejandro Ruidrejo. El proyecto ya se discute en el Consejo Directivo de esa unidad académica. Y el Secretario de Extensión, Darío Barrios, tiene un borrador del mismo. No obstante ello, congelado el protocolo en el Superior, montaron un régimen con reminiscencias de la última dictadura cívico-militar.

El trabajo de la Comisión de la Mujer al que tuvo acceso este medio busca “establecer pautas, dinámicas y procedimientos institucionales para intervenir en situaciones de discriminación y violencia por causa del género” para “adoptar medidas de prevención como principal método para combatir este tipo de acciones” y “generar un ambiente de contención y confianza para que las personas afectadas puedan denunciar su situación a fin de hacerlas cesar de inmediato”. Asimismo agregan que la Autoridad de Aplicación sería una Comisión Ad-Hoc con sede en la Comisión de la Mujer y que estaría integrado por: integrantes de la Comisión de la Mujer (3), representante de la Facultad (si se hace a nivel universitario sería una persona por cada unidad académica), una Psicóloga (por Convenio con la Universidad Católica) y una abogada (por convenio con el Instituto Jurídico de Género del Colegio de Abogados) con conocimientos en perspectiva de género. Es decir que aporta las herramientas necesarias para actuar dentro de la Universidad.

Entonces, si ya existe un proyecto que pretende atender denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género como el protocolo anteriormente nombrado, ¿por qué no impulsaron su tratamiento? ¿Es necesaria la normativa específica en los estudiantes? ¿Y sobre los docentes y personal no docente?

La necesidad de tener una normativa que vele contra la violencia de género dentro de la Universidad es real. Sin embargo, la utilización política de una lucha enquistada en el seno de nuestra sociedad no puede ser motivo para desplegar un régimen punitivo contra los estudiantes, sin menoscabar que se excluyen a los docentes y personal no docente, como si en esos claustros no sucediera nada.

La inoperancia de las autoridades de la Universidad Nacional de Salta- la Facultad de Ciencias Exactas y la Secretaría de Asuntos Jurídicos en particular- derivó en un “Régimen Disciplinario de Estudiantes” que ya despertó el malestar y rechazo de la comunidad universitaria. Los representantes estudiantiles en el Consejo Superior de las facultades de Ciencias Económicas, Naturales, Salud, Ingeniería y Humanidades lograron que no se trate el proyecto en su última sesión y ahora promueven su nulidad.

El proyecto sugerido por la Dirección de Sumarios deja entrever un carácter anti-concurrencial, punitivo, autoritario y recortado a la realidad de una visión sesgada. Hecho a las apuradas. Existe, pues, un trasfondo que intenta criminalizar la protesta social, coartar la libertad de expresión y desarrollo del estudiante en la Universidad para imponer un “orden” que caiga de arriba hacia abajo y que, precisamente, no es celestial.

*Consejero Superior por Estudiantes de la Facultad de Humanidades