El futuro de la Educación salteña: ¿qué tiene que ver la religión y la política?

Una decisión clerical-política en 2008 devino en una demanda contra el Estado Provincial. Será la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la sociedad quien decida. Un recorrido en la historia y algunas reflexiones para el entorno.

“De religión y de política no se habla” es una frase que suele repetirse en el habla popular. Lo cierto es que ambos temas están relacionados. Incluso más: conviven día a día, lugar a lugar. Son, tal vez, inseparables. Y por tal motivo es que estamos escribiendo y leyendo en las últimas horas numerosas líneas al respecto.

La religión en la educación es tema de discusión en la Audiencia Pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el 16, 17, 30 y 31 de Agosto. Es un amparo colectivo iniciado por una asociación civil (ADC) y un grupo de madres de menores que concurren a la escuela pública de Salta contra el Estado Provincial. El objetivo es sacar del plan de estudios la enseñanza religiosa.

Un viaje al medioevo

La idea de incorporar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas es de larga data. De hecho, la historia habla por sí misma. Ya en 1884 la “generación del ochenta” estableció en la Ley de Educación Común 1420 que “la enseñanza religiosa solo puede ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clase”. Es decir, por fuera del contenido curricular.

Más adelante, durante la última dictadura cívico-militar, el gobernador de facto Capitán de Navío, Roberto Augusto Ulloa, impulsó las “Bases curriculares para la escuela primaria salteña” en las cuales pretendía que con “la educación religiosa y moral” se pueda “iniciar al alumno en la profundización de la vida cristiana”.

Sobre esta decisión, también, giró la óptica del gobierno menemista que, en la década de los noventa, otorgó a las jurisdicciones provinciales la facultad de decidir sobre las normas del sistema educativo que adoptaran. Se incorporó la formación ética y ciudadana, y el armado curricular, como la distribución de recursos, quedó a merced de cada provincia.

Si bien es cosa del siglo pasado, la discusión afloró nuevamente a partir de 2008 cuando el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, impulsó la incorporación en la currícula de la enseñanza religiosa. En los artículos primeros de la Ley de Educación de la Provincia Nº 7546establecen que se debe promover la formación del estudiante basada en “el respeto a la diversidad cultural, a las particularidades locales, abierto a los valores universales y a la integración regional, nacional y latinoamericana”. Sin embargo, en el artículo 27 inciso ñ, proclama “brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos”.

Una discusión actual que resonó dos siglos atrás. La fe y las creencias, o la religión en general, pueden ser una cuestión social, pero la política es la que decide.

La(s) religión(es)

El amparo colectivo contra la decisión política para incorporar la educación religiosa en las escuelas augura el respeto al librepensamiento y la libertad de culto, garantías constitucionales que no se deben ni pueden sobrepasar leyes provinciales.

Algunas de las excusas de los paladines defensores de la religión, o más bien del catolicismo, es que el hecho de hablar de “religión” abarca diferentes creencias. Sin embargo, bien se sabe que en las aulas de las escuelas públicas de Salta la religión que se enseña es la católica. No hay dudas sobre eso. Una oración al ingresar o antes del desayuno/merienda, un módulo entre Matemáticas y Lengua, un texto particular como lo es la Santa Biblia y un rosario armado con mostacillas son prácticas comunes en las Escuelas Públicas de nuestra provincia. A los compañeros que profesan el judaísmo no los tienen en cuenta. Tampoco a las compañeras del hinduismo. Ni mucho menos a estudiantes evangelistas o árabes, o mormones o testigos de jehová.

Si bien una de las justificaciones de la Ley implementada por Urtubey en 2008 es abrir el abanico a todas las religiones, el respaldo argumentativo afirma que hay una mayoría de los padres o tutores adherentes. Y los hechos confirman que la enseñanza es católica y no abierta a otras religiones; es decir que tampoco sería viable un sistema optativo.A contramano, la oferta en las escuelas no se diversifica ni expande a otras creencias que no sea la católica, sino que las personas son obligadas a recibir contenido que no eligieron. Y si no, tienen que esperar de brazos cruzados. Es decir, se construye la discriminación hacia las minorías creyentes y, por tanto, se fomenta la exclusión social.

Esto quiere decir que, tranquilamente, un niño o una niña pueden aprender sobre la religión católica en la Iglesia más cercana, en el barrio mismo quizá. Y las madres y los padres, o tutores, podrán elegir qué religión enseñarles. La idea es que no se les imponga en la Escuela Pública, laica y gratuita.

Si la consigna era no hablar de religión ni de política, pero sí interesa la educación que reciba un hijo o una hija, un sobrino, una nieta, un primo o la hija de mi vecina, vaya que la discusión es, entonces, política.