Denuncian a funcionarios salteños que quieren apropiarse de tierras en Anta

La historia tiene como principales involucrados a dirigentes y funcionarios de la política salteña que intentan quedarse con propiedad privada en el Departamento Anta. “Dentro de mis propiedades no van a bajar aviones con droga”, apuntó Maria Córdoba, quien radica la denuncia.

María Córdoba, es una vecina cuya familia posee tierras en Anta y, según denunció, lleva casi 10 años de iniciado un juicio contra personas que quieren apropiarse de esas tierras, entre ellos funcionarios, legisladores y dirigentes políticos, entre ellos un hermano del gobernador Urtubey.

“Soy del departamento de Anta, hija de criollas nacida en Las Lajitas y somos dueños de propiedades, soy heredera de tierras”, aseguró la mujer sobre las propiedades que, afirma, pertenecen a su familia y por las que hoy se encuentran llevando adelante juicios desde el año 2.008 contra funcionarios y dirigentes de la política salteña.

“Mi familia es de apellido Arias Córdoba. Mi abuela Josefa Arias nació en el año 1.820 acá en Cerrillos, en la Capital. Mi abuelo, don Máximo Córdoba, fue un Comisario Recaudador por los años 1.840. Cuando él se casa con Josefa, cerca de Cobos, compró las propiedades en el departamento de Anta”, relató al señalar que la primera estancia que compró es la Estancia Vieja, con 5 mil hectáreas, y la Finca Campo Redondo, con 7 mil hectáreas, ubicadas en el kilómetro 57 de la Ruta provincial 5 y a 27 kilómetros del Parque Nacional El Rey.

“Después- continuó- mi abuela, Dionisia Córdoba de Aranda, se casa con un señor llamado Aranda por los años 1.877 según los archivos que tenemos. Sacamos del Arzobispado de la Provincia, porque no teníamos los testamentos, y uno de los juicios sucesorios se llevó a cabo en el año 1.914 acá en Salta capital. Desde ahí tenemos titularidades de dominio”.

Según explicó, entre las personas a quienes denuncian por la apropiación de sus tierras se encuentran Fernando Pequeño, Miguel Ragone hijo, e incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, quien en 2.005 se hizo presente dentro de las propiedades. “Mi familia lo conocía como el ‘Indio’ Godoy, yo no supe quién era hasta hace pocos años”.

Remarcó, además, que Héctor Luis Santander, apoderado de Alfredo Olmedo, les inició un juicio por posesión veinteñal. “Supuestamente él vivía en las propiedades con nosotros, también un tal Gustavo Olmedo, un Pedro Arias, un grupo de personas, dos americanos y un grupo de personas más”, detalló. Asimismo, Córdoba destacó que el año pasado fue detenida 28 días porque se resistió “a que desmonten la última parte de la Finca Campo Redondo”. Según recordó, la Secretaría de Medio Ambiente había aprobado la explotación y fue tomada por la empresa Buenaventura SRL, entre cuyos socios se encontraría uno de los hermanos de gobernador Juan Manuel Urtubey y “un tal Cifre”.

Por otra parte, resaltó que su abogado le recomendó presentarse ante el Colegio de Escribanos para denunciar penalmente a algunos escribanos. “Como un Astudillo y un Juan Pablo Arias, a quien Fernando Pequeño le vende las propiedades de nosotros, y no sabemos como hicieron”, dijo.

Además, aseguró que “los militares también tomaron las estancias en el ‘55 y el ’76, y los Pequeño le hacían la V de la victoria”, y mencionó entre estos militares a “Víctor Abelardo Montoya, al capitán Juncosa y un grupo de personas”. “No sé si llorar o reír”, expresó.

Indicó también que desde hace 6 años participan de las marchas de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad junto a Ana Fernández. “Yo la conocía a ella porque era ayudante de cátedra en la Universidad Nacional de Salta y Cintia Fernández traía su tesis que estaba haciendo, estudiaba para Ingeniera Genetista y trabajaba al frente de los laboratorios. Al poco tiempo me entero de que la habían asesinado, Ana se hizo presente en la universidad y ahí nos encontramos y nos conectamos. Pero nosotros ya teníamos los juicios en el año 2.008”, narró.

La dependencia de poderes en Salta

“Mi familia no sabe leer ni escribir, tiene ganado y no hemos salido de la propiedad”, aseguró Córdoba al tiempo que cuestionó el accionar de la justicia dado que luego de realizar las denuncias, la jueza Civil de Joaquín V. González, Patricia Inés Rahmer, quien conocía el caso desde el inicio, se excusó y envió los expedientes a Capital aunque desconocen en qué Cámara quedaron.

Además, relató: “El año pasado me desalojan. Ahora va a juicio este oficial Marcelo Luis Garnica. Él no tenía una orden de desalojo, ingresó y yo no estaba, estaba toda mi familia, y pedía que me entreguen a mí. Les dijo ‘Ya le dijo el defensor oficial salinas que se deje de joder’. Después entraron a mi casa en Las Lajitas, me sacaron a punta de arma, me tiraron al piso, me arrastraron de los pelos y no me dieron de comer dos días. Estuve incomunicada en Piquete Cabado y en González, y eso en la denuncia no aparece”.

“Me arman una causa por un intento de asesinato a un oficial. Tengo un niño de 3 años y a la justicia no le importó. Me han detenido el 7 de sep de 2.016. A un año de mi detención se dijo todo de mi”, lamentó la mujer para quien “los derechos humanos no existen el la provincia de Salta”. “En su vida me recibió Pablo López Viñals”, aseguró respecto al procurador General de la Provincia.

Y continuó: “Lo que pasa en la provincia de Salta es un manoseo de la justicia, el Poder Judicial no tiene una descentralización del Poder Ejecutivo”. “Por las tierras son capaces de mandarte a matar”, aseveró al tiempo que sostuvo: “Es bastante grave la violación a los derechos de las personas y lo más grave es que no tengamos un Ministerio de Derechos Humano a donde nosotros podamos acudir”.

Asimismo, reclamó: “Lo más triste es la Policía de la Provincia te cajonea los archivos y las denuncias. Cuando me desalojaron el 27 de septiembre radiqué una denuncia de que me hicieron pedazos la casa y resulta que ahora desde Asuntos Internos dicen que yo radiqué la denuncia el 3 de enero del año 2017”.

Precisamente, explicó que el comisario ante quien realizó la denuncia es Rosendo Guillermo Tolaba, “hermano del Superior Tolaba que estaba al lado de Lami hace 3 años”. “Todo era armado porque hay policías que después declararon y dijeron que vino la orden de un diputado de la provincia. Es muy vergonzoso, de víctimas pasamos a ser victimarios para el Estado”, lamentó Córdoba.

Y agregó: “A Pablo López Viñals le debería dar vergüenza ser el procurador de la Provincia. Al presidente de la Corte, Catalano, también le tiene que dar vergüenza, que la jueza Patricia Inés Rahmer tenga derecho a excusarse. Que el fiscal Gómez Amado, que me hizo detener, tenga el derecho de inhibirse en mi juicio. Es un cobarde, el hijo del senador Gómez. Son jueces y fiscales puestos a dedo en el departamentos de Anta”.

“Estamos esperando que estos dos años pasen, que el Gobernador se vaya y que podamos llevar adelante un juicio digno, porque creo que no vivimos en democracia”, subrayó la mujer, militante del Partido Justicialista, quien además hizo referencia al caso de Santiago Maldonado y enfatizó: “Me duele tanto la injusticia de tantos diputados del Partido Justicialista. Que el mismo compañero Manuel Santiago Godoy haya salido a asaltar a los pueblos de Anta, que el mismo Pedro Sandez sea denunciado por Salta Forestal, que el mismo Miguel Ragone hijo haya salido a robar al Parque Nacional Pizarro”.

Lamentó también la situación de los pueblos originarios que “hoy, en la República Argentina, están enfrentados”. “Tenemos tantos compañeros detenidos por estas causas y qué vergonzoso que estos políticos que nos representan salgan a asaltar los pueblos”, insistió al remarcar: “En el departamento de Anta se nos hace difícil esta lucha”.

“Dentro de mis propiedades no van a bajar aviones con droga”, apuntó Córdoba. “Por más que tenga cédula partidaria, este Gobernador va a defender a capa y espada quedarse con las tierras, pero yo soy heredera y no le voy a entregar las tierras. Dentro de mis propiedades no van a bajar aviones con droga”, aseveró la mujer al tiempo que cuestionó: “¿Porqué nosotros no podemos llevar juicios contra legisladores que bajan sus aviones en el departamento de Anta a bajar la droga? Porque eso está comprobado, yo lo denuncio y quizás por eso fui detenida. Son capaces de ponerte medio kilo y decir que vos sos la que estaba negociando la cocaína”.

Consideró que “el pueblo salteño tiene que acompañar en la lucha”, y enfatizó “No salimos porque tenemos ganas de cortar las calles”.

FUENTE: Sapo de otro pozo/ FM Noticias 88.1 Mhz.